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Origen de vida y de conflictos

 
Los sistemas de recursos en la costa no tienen paralelo en la tierra: los ecosistemas costeros y los hábitat costeros fundamentales, como los arrecifes coralígenos o las comunidades manglares, no sólo son característicos, sino también origen de recursos renovables, alimentos ricos en proteínas, productos de las comunidades manglares. Los alimentos marinos se reconocen como un recurso muy importante; proveen en escala mundial más proteína per cápita (7.3 kg), que lo aportado por el ganado bovino y especies menores juntos (5.5 kg.).1
 
Desafortunadamente, la franja costera es también un lugar donde son grandes la competencia y el conflicto entre usuarios, y donde los gobiernos han fallado para desarrollar políticas adecuadas y programas específicos.
 
Históricamente, las aguas costeras son consideradas “públicas”, esto es, son propiedad común disponible en forma equitativa para todos los ciudadanos, con el Estado como administrador. Este principio de derecho público se remonta a la Instituta de Justiniano “Et quidem naturali jure comuna sunt omnium haec: aer, aqua, profluens, et mare per hoc litora maris” (“Por las leyes de la naturaleza esas cosas son comunes a la humanidad: el aire, las corrientes de agua, el mar y consecuentemente las costas del mar”).2 
 
En países con larga tradición sobre el uso y aprovechamiento de las costas, en los últimos cincuenta años del siglo XX se intensificó el interés por revisar, modificar y adecuar las disposiciones históricas originales sobre el uso, manejo y administración de las costas, poniendo particular énfasis en el principio del desarrollo sustentable. En esos países, el de por sí intenso uso de las zonas costeras generó la tendencia a que la planeación de los nuevos aprovechamientos o la modificación de los existentes se hiciera con un carácter reactivo. La experiencia reciente en esas naciones ha llevado a la necesidad de formular programas de administración integral de la zona costera (AIZC), para coordinar toda la variedad de intereses y de usos de los recursos costeros.
 
Así por ejemplo, en Estados Unidos, en forma general, cualquier desarrollo de la zona costera debe atender a las siguientes regulaciones3:
 
1. Programas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
2. Doctrina sobre la Confianza Pública (Public Trust Doctrine).
3. Administración de la Zona Costera. Todos los desarrollos del frente costero están sujetos al Acta Nacional de Administración de la Zona Costera de 1972. 
4. Disposiciones sobre Impacto Ambiental. Los requisitos federales establecidos en el Acta Nacional sobre Políticas Ambientales.
5. Impuestos y pagos para el desarrollo. 
6. Preservación histórica y arqueológica.
7. Manejo de desechos peligrosos.
8. Regulación y preservación de humedales. 
 
La satisfacción y el cumplimiento de este conjunto de disposiciones, generalmente conduce a la necesidad de formular acuerdos y negociaciones de diferente índole entre los interesados en la instrumentación de un cierto proyecto y los grupos reguladores correspondientes. Tales acuerdos y negociaciones obligan, a su vez, a la complementación de la información disponible sobre los distintos factores involucrados.
 
Los comentarios anteriores evidencian que el concepto de infraestructura costera es tan amplio como puede ser el conjunto de obras requeridas para soportar cualquier proyecto de aprovechamiento de los litorales, sea de carácter portuario, turístico o pesquero. Por lo tanto, la preocupación sobre cuál puede ser el estado de desarrollo de la infraestructura costera en nuestro país debe más bien orientarse hacia tratar de responder a la pregunta cuál es el estado que guarda la planeación integral del desarrollo costero sustentable en nuestro país, que debería constituirse en un marco regulatorio de carácter general de esta forma prioritaria de crecimiento nacional.
 
Frente a un marco regulatorio y de planeación de desarrollo sustentable tan amplio como el descrito para el caso de Estados Unidos, se encuentran las regulaciones en el conjunto de países carentes de cultura marítima, lo cual se explica, en el caso de México, porque las principales actividades económicas están alejadas de las costas y se deja de lado una enorme posibilidad de crecimiento; en otros países con amplio usos de las costas, la pobreza y el crecimiento de la población han contribuido a un grave deterioro del medio ambiente y a la reducción o inclusive el agotamiento de los recursos pesqueros.
 
Esa falta de cultura marítima se manifiesta, en el mejor de los casos, en regulaciones restrictivas soportadas por escasos niveles de información y de conocimiento sobre el manejo de desarrollo sostenido de los recursos costeros, que lejos de fomentar un crecimiento equilibrado lo inhiben, propiciando entre los grupos deprimidos la violación de tales disposiciones por su necesidad de supervivencia, y en otros, el alejamiento de la posibilidad de generar inversiones productivas que favorezcan el desarrollo de las zonas costeras.